A niños, niñas y adolescentes menores de 18 años que, por su situación grave de vulneración de derechos o sospecha fundada de grave vulneración, asociada a algún nivel de daño y/o victimización, requieran ser evaluadas por solicitud de Tribunales de Familia y/o Fiscalía.

A los/las adolescentes imputados /as de infringir la ley penal que requieren de un informe técnico, derivados desde los organismos administradores de la justicia.

Padres o cuidadores de las niñas, niños y adolescentes gravemente vulnerados en sus derechos que han ingresado al DAM, a fin de entregar información sobre su calidad como recurso protector a la instancia jurídica que lo solicite y especialmente a los proyectos de intervención.